Personas que excluyan a otras por su condición se exponen a duros castigos.
En la construcción de la Constitución de 1991 participó el pueblo afrodescendiente con el propósito de garantizar su representación y participación política en el país.
En el marco de esta nueva Carta Magna se dio origen a la Ley 70 de 1993 la cual reconoció los territorios ocupados por las comunidades negras en diferentes lugares del país, además de establecer mecanismos para proteger la identidad cultural y los derechos de las mismas, sin embargo, a pesar de los logros jurídicos y el compromiso del Estado Colombiano por garantizar sus derechos y actuar en beneficio de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
Lamentablemente en algunos sectores de la sociedad colombiana persiste el racismo y la discriminación, razón por la cual nace la Ley 1482 del 2011 que penaliza los Actos de Racismo y Discriminación, protegiendo a la población afrocolombiana y a las diferentes comunidades o grupos de personas que pueden ser víctimas de estos fenómenos que aquejan a la sociedad colombiana.
Las discriminaciones que a diario viven muchos colombianos por
razones de raza, religión, nacionalidad, sexo u orientación sexual, entre
otras, tienen una nueva arma jurídica para defenderse. Se trata de la Ley
1482 del 2011 con la cual se establecen penas y multas para aquellos que
promuevan cualquier tipo de segregación y que este miércoles declaró ajustada a
la Carta Magna la Corte Constitucional.
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